Historia de Salta

Unitarios y Federales

 

Entre 1820 y 1852, diversos grupos sociales con proyectos políticos diferentes se enfrentaron en los intentos por constituir un Estado en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La diferencia entre los proyectos enfrentados surgía —en primer lugar de la forma de organización política que proponían para el nuevo Estado: unos el centralismo y otros el federalismo. Por esto, es conveniente precisar en qué consistía jurídicamente esa diferencia.

La organización política de un Estado puede adoptar básicamente dos formas: el centralismo o el federalismo. En el centralismo también llamado unidad de régimen, todos los niveles de gobierno están subordinados al poder central; además, un régimen centralista generalmente unifica la legislación y la administración de todo el país más allá de particularidades regionales o diversidades culturales. El federalismo, en cambio, se basa en la asociación voluntaria o federación de Estados o poderes regionales que delegan algunas de sus atribuciones para constituir el Estado o poder central.

Para comprender mejor el período de la historia argentina estudiado, debe descartarse la mal planteada antinomia entre porteños centralistas o unitarios y provinciales federales. Federales y unitarios los hubo tanto en las provincias interiores como en Buenos Aires.

Después de 1810, los pueblos de las provincias interiores mostraron un fuerte localismo en defensa de sus intereses, que entraban en colisión con los intereses de Buenos Aires. Más tarde, muchos gobiernos provinciales comenzaron a declararse federales cuando advirtieron que la centralización política fortalecía los históricos privilegios de a ciudad puerto de Buenos Aires. La forma unitaria de gobierno fue sostenida no sólo por grupos porteños sino también por grupos sociales del interior cuyos ingresos dependían de actividades económicas relacionadas con el puerto de Buenos Aires. Se trató además de una reacción de las más antiguas y poderosas familias que controlaban los gobiernos provinciales frente al creciente poder de los nuevos jefes rurales.

Todos los gobiernos provinciales que se declararon federales también expresaron, unos en forma más explícita que otros, su voluntad de constituir e país. Para ellos, la constitución era un instrumento adecuado para terminar con los privilegios de Buenos Aires, Una constitución federal podía respetar la autonomía provincial de Buenos Aires y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de todas las provincias a participar en la distribución de los ingresos del puerto de Buenos Aires, a través de un Estado central.

De acuerdo con los principios doctrinarios, los federales se oponían a un régimen de gobierno unitario en defensa de las autonomías provinciales. Pero en la provincia de Buenos Aires, la defensa de la autonomía provincial se transformó en una justificación para no ceder la ciudad y el puerto de Buenos Aires a un Estado central.

Por esta razón, entre los federales se distinguieron dos grupos: los federales doctrinarios y los autonomistas bonaerenses. Estos últimos se enfrentaron tanto a los unitarios como a los federales doctrinarios.

Desde 1828, el autonomísmo de Buenos Aires se fue identificando cada vez más con Juan Manuel de Rosas —representante de los intereses de tos hacendados y terratenientes de la provincia—. Desde su gobierno sostuvo que antes de organizar la federación las provincias debían mejorar sus respectivas administraciones y evitó nuevos intentos de constitución de un Estado central.

En la práctica, la ciudad y el puerto de Buenos Aires continuaron siendo el centro organizador de la economía y de la sociedad del nuevo país. Y los gobiernos federales de las provincias del Litoral y del interior siguieron reclamando al gobierno federal de Buenos Aires la libre navegación de los ríos y aranceles de aduana que protegieran sus industrias locales.


Alonso-Elizalde-Vazquez

 

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