UNA BREVE HISTORIA DE

EL INTRANSIGENTE

 

RECONOCIDO BALUARTE DE LA PRENSA LIBRE

 

 

                                                                       Por Rodolfo PLAZA NAVAMUEL ·

 

El diario El Intransigente dio comienzo a su misión periodística el 17 de abril de 1920. El consagrado poeta salteño Manuel J. Castilla, que por muchos años integró el cuerpo de redactores del matutino, recuerda que al cumplir el primer aniversario en sus páginas se escribieron estas significativas palabras: “Hace un año vio la luz en Salta esta humilde hoja. Nació modesta, sin grandes anuncios previos, reflejando desde el primer número los dolores, los desengaños y las rebeldías que la engendraron. Fue su gestión áspera y violenta, pero al nacer manifestó estar dotada de grandes energías para afrontar las difíciles circunstancias de su vida”. Ya era director y propietario de El Intransigente su cofundador don David Michel Torino, que acreditaba una destacada militancia en la Unión Cívica Radical. Aquellos eran tiempos duros y el diario, identificado en sus primeros años con la gestión del gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen, pasa de a poco a ser un cabal intérprete de los anhelos populares y de la realidad provinciana. 

     Sus posiciones de crítico implacable de los abusos del poder, particularmente de los producidos durante la década de los años 30, le causaron reiterados ataques y sanciones, pero más graves fueron las que sufrió luego del golpe de Estado de 1943, agudizadas a partir del arranque del gobierno peronista en 1946. Nada lo silenciaría en su apasionada lucha por la libertad de prensa y de expresión, hasta que el despotismo imperante determinó el 29 de  diciembre de 1949 que El Intransigente sea clausurado. De poco valió que unas semanas antes Michel Torino cediera la dirección al joven abogado José María Sanz Navamuel, nieto de don José María Navamuel que en otras épocas igualmente dificultosas había realizado -junto a varios amigos- significativos aportes para la fundación y el sostenimiento del diario. A poco de la clausura, inicua situación que se mantuvo hasta el 18 de diciembre de 1955, se procedió a la detención de don David que debió permanecer casi tres años en celdas de la Cárcel Penitenciaria de Villa las Rosas. Asimismo, fueron confiscados sus bienes y los de su familia. Nada de todo esto consiguió que callara lo que  creía que debía decir, y es de este modo que en el período que va hasta 1955 lanzó clandestinamente boletines mimeografiados que documentaban esos tiempos de excesos y de enorme intolerancia en el país. Los inflamados boletines representaban la conducta de un diario, honra del periodismo independiente, defensor obstinado del pensamiento y del sistema democrático de gobierno. Al salir de la cárcel, el Congreso Interamericano de Prensa reunido en Méjico (1953) le otorgó a Michel Torino la medalla que lo declara “Héroe de la libertad de Prensa; recibió igualmente el Premio “María Moors Cabot” conferido por la Universidad de Columbia, de Nueva York (1956) “Por la promoción de la amistad internacional de las Américas”, y también el Premio “Severo Vaccaro” (1955) “Por su actividad periodística como director de El Intransigente”. 

     Casi coincidente con el cierre forzado de El Intransigente, que además de su lúcida presencia era el  de mayor tiraje en Salta y Jujuy,  el diario La Provincia, tradicional vocero de las corrientes políticas conservadoras y que a la sazón dirigía don  Ángel Galarreta, con más de 40 años de circulación en nuestro medio y constituido en su principal competidor, venía atravesando serias dificultades, que empujarían a sus dueños a venderlo. Es así como el 21 de agosto de 1949 fue adquirido por Jaime Durán, Emilio Espelta, Ricardo Durand y el Partido Peronista, quienes le cambiaron el nombre por El Tribuno, y a las pocas semanas iniciaron su edición conducido por el doctor Ricardo Falú. Se convirtió en el diario del gobierno y fue ocupando naturalmente los espacios que había dejado el rotativo clausurado. No mucho después, al producirse el derrocamiento de Perón en setiembre de 1955, el gobierno de la llamada “Revolución Libertadora” procedió a la intervención de El Tribuno. Asimismo, unas semanas más tarde fueron restituidas a El Intransigente algunas de las partes de su vieja imprenta, otros equipos y muebles, la mayoría en estado inservible, por lo que la reapertura de la publicación debió demorarse un tiempo. 

     Entre tanto, en abril de 1957 el gobierno militar ordenaba la liquidación de El Tribuno, y el 28 de agosto se llevó a cabo su remate. Fue comprado por una sociedad que integraban Bernardino Biella, Jorge Raúl Decavi y Roberto Romero. Por otra parte, en el curso de esas semanas el gobierno procedió a convocar a elecciones generales, las que se realizaron con la exclusión del peronismo en febrero de 1958; se impuso la Unión Cívica Radical Intransigente, que contó expresamente con el apoyo electoral del partido proscrito, consagrando como presidente de la Nación a Arturo Frondizi, mientras que en Salta asumía como gobernador Bernardino Biella; Decavi resultó electo diputado nacional y a los efectos de su desempeño se trasladó a vivir en Buenos Aires. Romero, por su parte, quedaba a cargo de la dirección de El Tribuno. Empero, los tiempos políticos en Salta resultaron en los próximos tres años bastante difíciles, tanto que varias denuncias graves y sucesivos embrollos indujeron al gobierno nacional a disponer la intervención Federal a la Provincia en noviembre de 1961. Pero también a nivel nacional se instauró, por diversos desacuerdos de gestión y continuos planteos castrenses, una delicada situación de inestabilidad política, desencadenando finalmente un alzamiento militar que el 29 de marzo de 1962 relevó a Frondizi de la Presidencia y lo confinó en la Isla Martín García. Con posterioridad a esos acontecimientos, versiones muy fuertes en el orden local señalaban, en medio de enredadas conjeturas, la desvinculación de Biella y de Decavi de la propiedad de El Tribuno. Lo cierto es que desde entonces Romero fue reconocido como el único propietario del diario, como así del enorme edificio levantado –durante aquel  gobierno- en Zuviría casi Caseros para el funcionamiento del matutino y del más importante hotel de la ciudad. 

     El Intransigente, por su parte, fue desarrollando sin tropiezos sus labores y conforme al inflexible estilo de su director, apuntaba con natural severidad los aspectos que estimaba objetables en la acción del gobierno. No obstante, era ya evidente que la salud de Michel Torino declinaba, aunque jamás su espíritu. Dejó de existir el 17 de junio de 1960, reemplazándolo su hermano Martín, un digno sucesor, que en los años siguientes mantuvo al diario en su batallar indeclinable. El 29 de marzo de 1964 falleció también Martín, legando sus bienes para la creación de una Fundación que se denominaría “Michel Torino”. El Intransigente fue testado a favor de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que no lo acepta en razón de que estatutariamente estaba impedida de poseer órganos periodísticos, de manera que el diario concluyó por convertirse en propiedad de la Fundación. Bajo la conducción de ésta, vivió un periodo evidentemente desafortunado, administrado por personas sin identificación con la historia del rotativo ni convicción alguna respecto a la significación de la tarea que debían realizar. A causa de esas deficitarias condiciones, los responsables de la situación señalada acabaron por enajenar al más antiguo diario de la provincia a un grupo de justicialistas –jóvenes en su mayoría-, decididos a  enfrentar al director de El Tribuno, Roberto Romero, acaso exasperados porque había emprendido una promisoria militancia en las filas del peronismo. 

     Los nuevos propietarios dejaron a un lado el nombre del prestigioso diario, y salieron con el de Democracia, que era como se denominaba una difundida publicación oficialista que se editó en Buenos Aires durante la segunda presidencia de Perón. Sin embargo, la supervivencia de la edición salteña fue exigua, por carecer de los recursos necesarios para  los muchos gastos de su funcionamiento, a lo que se agregaba el hecho de disponer de un taller precario, la dura pelea con una competencia que no vacilaba en el uso de métodos implacables, más la aparición de problemas gremiales que echaron a este emprendimiento a la bancarrota y al cierre. Poco antes, en 1967, un grupo encabezado por Bernardo Biella  –en compañía de Decavi- empeñados en combatir a la empresa periodística de Roberto Romero, había conseguido poner en circulación el diario Norte, muy bien equipado y con experimentados  periodistas, no obstante, pese a su excelente presentación y a contar con un tiraje respetable, acabó cinco años más tarde con insalvables problemas financieros, para caer a principios de 1973 en manos de accionistas adictos a Romero, quien pronto se desprendió de las partes principales de su imprenta; las ediciones del diario prosiguieron, sin embargo, ahora impresas en los talleres de El Tribuno.

     A fines de 1973, porfiados en su designio, Biella y sus amigos adquirieron lo que quedaba de Democracia, creyendo que la oportunidad estaba ahora en poner nuevamente en circulación a El Intransigente. La necesidad de contar con recursos suficientes para renovar los talleres y asegurar la solidez del proyecto, los incitó a infructuosas negociaciones con distintos grupos, hasta que Miguel Ángel Martínez Saravia, prestigioso dirigente radical e importante productor tabacalero, cofundador de la Cámara Regional de la Producción, de la Cámara del Tabaco de Salta, de la Cooperativa de Productores Tabacaleros y de la Cámara de Comercio Exterior, dio comienzo, conjuntamente con varios de los integrantes de esas entidades empresarias y de la Asociación de Productores de Legumbres de la Provincia, a tratativas con Biella y otros de los dueños a fin de concretar aportes y el manejo de la nueva sociedad. Pero no fue posible arribar a un acuerdo, de ahí que Biella y la mayoría de sus socios optaran por desprenderse de esos bienes, en favor del círculo con el que negociaban. En aquel  momento se constituyó la empresa que tomaría la propiedad de El Intransigente, denominada “NOA S. A.”, presidida por el Dr. Alberto Gir, miembro de la Unión Industrial y ejecutivo de una importante planta metalúrgica instalada en esta ciudad. Al mismo tiempo, Martínez Saravia asumía como director del recuperado diario. Corresponde señalar que ante los preparativos de su anunciada reapertura, los dueños de Norte dieron por finalizado su tiraje. 

     Toca en este punto una observación personal: fue en circunstancia de la inminente reaparición de El Intransigente cuando me incorporé al cuerpo de Redacción del mismo. Para hablar de esta última etapa del diario fui invitado a principio de 2008, junto a Néstor Salvador Quintana, por las profesoras Mabel Parra y Olga Armata, coordinadoras del Proyecto nº 1420 del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta –Instituto de Folklore y Literatura Regional “Arturo R. Cortazar”- Facultad de Humanidades, y por la dinámica integrante del mismo proyecto profesora Daniela Bargardi. Los temas de la entrevista se limitaron al análisis del período 1974/81 y fue publicada en un trabajo (correspondiente a un estudio de docentes de la UNSa mucho más amplio) titulado: “Periodismo en Salta –De la dictadura a la democracia”, abril de 2008. Los párrafos siguientes contienen numerosas reproducciones de mis declaraciones en aquella entrevista, que hago convencido de que son una aceptable descripción de los hechos que aquí me ocupan.

     Al comenzar 1974 El Intransigente se hallaba en perfectas condiciones para el desenvolvimiento de su nueva etapa, exhibía un equipamiento totalmente renovado, contaba con periodistas de su vieja guardia, además de jóvenes bien capacitados venidos de otros medios y de una asidua colaboración de acreditadas plumas de la Salta de ese tiempo. Esos primeros meses fueron efectivamente prometedores para el diario, que poseía un buen avance periodístico, el tiraje se mantenía sostenido y era aceptable la publicidad que lo nutría. Gobernaba la provincia el Dr. Miguel Ragone, generador de un clima de reconocido respeto de los derechos ciudadanos. Periodísticamente se trabajaba con entera libertad, conformando una situación francamente positiva en la vida provincial. Si bien era cierto, por otra parte, que empezaba a vislumbrarse un clima social convulsionado, provocado por la sucesión de algunos actos de violencia –de grupos cada vez más activos-, y de una terca oposición al gobierno local por parte de sectores internos del partido oficialista. En tanto que la competencia tenía una posición afín a estos últimos, El Intransigente, por el contrario, porfiaba sobre la necesidad de apoyar la estabilidad institucional. Aparte de encauzar sin prejuicios en sus páginas a las más diversas inquietudes de la población, el diario reafirmaba constantemente su primordial objetivo de garantizar en Salta el equilibrio de opinión. Oportuno es recordar que en el fragor de esos desencuentros, diputados provinciales que respondían a Ragone presentaron a mediados de año un proyecto de ley disponiendo la restitución al Partido Justicialista de los bienes que le habían sido confiscados por la “Revolución Libertadora”, incorporando puntualmente en tan sugestiva iniciativa al diario El Tribuno; el proyecto fue girado a las comisiones respectivas de la Cámara para su estudio, y ahí quedó cuando semanas más tarde se produjo la intervención Federal a la Provincia.

     En efecto,  cerca de fines de este año los enfrentamientos dentro del peronismo y una cerrada oposición al gobierno, habían complicado gravemente la realidad política provincial. Fue en esta trama que en la mañana del 13 de octubre se efectúa en la ciudad de Salta la clausura del Congreso Eucarístico Nacional, acto que contó con la asistencia, además del enviado papal cardenal Silvio Oddi, de otros altos dignatarios de la Iglesia y de gobernadores de provincias vecinas, de la  presidente Isabel Perón, que en su brevísima visita trató al gobernador Ragone con una frialdad muy comentada por la prensa. El Intransigente se ocupó del tema en una edición extra, puesta en circulación esa tarde con copiosa y exclusiva información del acontecimiento religioso de la jornada. De manera que no resultó una sorpresa que un mes y días más tarde –el 24 de noviembre- el gobierno nacional anunciara el decreto de Intervención Federal a los tres poderes de la Provincia, justificada en “… su total desvinculación respecto de los básicos lineamientos nacionales”, en virtud de lo cual –explica- “se observa manifiesta ineficacia represiva frente a la acción perturbadora de fuerzas cuya actividad ha sido declarada al margen de la ley”. El Intransigente juzgó fuertemente esa medida, editorializó sobre la legitimidad del poder que investía el gobernador Ragone y reiteró en que careciendo el decreto de Intervención de argumentos constitucionales válidos, su disposición configuraba un avasallamiento a la soberanía popular. Pocas semanas más tarde la presidente Perón dio a conocer un decreto sumamente controvertido, ordenando: “Ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”. Simultáneamente entregó la conducción de la Policía Federal y de las policías provinciales al Ejército, con anuencia de los gobernadores, designándose como titulares de esos organismos a oficiales militares en actividad. Es entonces cuando en la institución provincial asumió el teniente coronel Miguel Raúl Gentil.

     Con la Provincia intervenida, lejos de lograrse la tranquilidad esperada, se producen hechos impensados y de una gravedad terrible. El 10 de enero de 1975 se encontró al costado de un camino en Lesser, maniatado y acribillado a balazos, el cadáver del dirigente del gremio de vendedores ambulantes Eduardo Fronda, a quien la policía vinculó con el accionar subversivo. En El Intransigente fue encargado de cubrir la información de este suceso el periodista Luciano Jaime, cuya crónica molestó sobremanera a los jefes de los organismos de seguridad. En la mañana de esa publicación debimos concurrir a dependencias de la Federal para escuchar durante varias horas requerimientos destemplados y notorias amenazas de parte del titular de la Delegación, comisario Federico Livy. El asunto, aunque preocupante, no creímos que pudiera llegar a mayores. Diez días después Luciano Jaime fue detenido por la policía provincial, por una supuesta averiguación de antecedentes, siendo sometido en el curso de esa primera noche a un interrogatorio de severidad desmedida. A la mañana siguiente, siempre en condición de incomunicado, fue trasladado a la Federal para un cometido similar, enteramente abusivo. Giró la indagatoria sobre qué prueba lo llevó a señalar la presencia de huellas de picana eléctrica en el cuerpo de Fronda, cuando –decían- era “imposible que alguien pudiera percibirlas a simple vista”. Al término de tres noches en los calabozos, Jaime retornó al diario y no vaciló en reintegrarse a sus tareas normales, las que transcurrieron bastante tranquilas en las jornadas venideras. No obstante, el 11 de febrero, tras cumplir sus tareas habituales, se retiró de la Redacción alrededor de las 20, rumbo a su casa. Pero no llegó. Luego de varios días de angustia generalizada, en la tarde del 15 un lugareño de El Encón Chico descubrió en un camino vecinal el cadáver dinamitado de Luciano. Fue el inicio de tiempos durísimos para el diario.

     En el transcurso de ese año se produjeron acontecimientos de suma gravedad, como el destrozo con bombas en los frentes de las viviendas familiares de los abogados Andrés Martinelli, Farad Salim, Enrique Pfister Frías, Carlos Vázquez y Fernando Chamorro, asimismo, el asesinato el 19 de diciembre de Guillermo Álzaga, en la vereda del Sindicato de Obreros del Tabaco, del cual era titular, ametrallado desde un par de automóviles que pasaron velozmente. Todos los juristas nombrados, con excepción de Chamorro, se fueron del país. Atentados con explosivos, desapariciones y crímenes atroces orientados prioritariamente a disuadir, dejaron a la ciudadanía local, por lo pronto, sin abogados que defiendan a los presos políticos o se ocupen de los derechos humanos. El período de vigencia de la Intervención Federal  en Salta se inauguró con el cordobés Alejandro Mosquera, lo reemplazó Ferdinando Pedrini del Chaco y al comenzar 1976 asumió el último de estos delegados nacionales, el  bonaerense René Saúl Orsi, de filiación peronista al igual que los dos primeros. Cada uno llegó con su equipo de funcionarios y asesores, acaso con buenas intenciones, pero ciertamente ignorantes de la idiosincrasia de los salteños y substancialmente imprudentes en cuanto al tratamiento de los problemas básicos de la Provincia. Las reprobables medidas de gobierno y conductas arbitrarias de los funcionarios foráneos motivaron las consiguientes críticas de El Intransigente, sin embargo, aún cuando no estaban exentas de firmeza, los responsables de la Intervención conservaron una actitud respetuosa con los medios de prensa. Debe apuntarse empero que los casos de violencia referidos anteriormente no parecían preocuparles, estaban como mirando para otro lado. Lo evidente fue que sobre estos asuntos los gobernantes, investigadores y jueces se conducían con indiferencia y en sospechosa consonancia.

     Una acabada muestra de lo embarazoso de esos tiempos, en los que era evidente una clara debilidad de las instituciones y los continuos embates a la libertad de prensa, la dan ciertos acontecimientos de la segunda quincena de diciembre; concretamente el día 18 se produce una sublevación de la Base Aérea de Morón encabezada por el brigadier Jesús Orlando Capellini, quien ordenó el apresamiento del jefe de la Fuerza. Acto seguido, los pilotos de la Base y de Aeroparque sobrevolaron la Casa de Gobierno, en respaldo a un planteo de destitución de la presidente y de su reemplazo en el mando del país por el comandante en jefe del Ejército. El gobierno nacional reaccionó de inmediato, designando como nuevo comandante de la Fuerza Aérea al brigadier Orlando Ramón Agosti. No obstante, recién el 23 se conseguiría que Capellini deponga su actitud. Del inicio y gravedad de estos incidentes se tomó conocimiento en el curso del 20 de diciembre, de modo que en nuestra edición preparada para el día siguiente se incluía abundante información. En circunstancias que iba a comenzar su impresión, llegó a la Redacción el texto de una resolución de la Presidencia de la Nación, señalando que: “…a fin de obtener un cauce adecuado para lograr una solución en la crisis provocada en la Fuerza Aérea, no se podrán publicar informaciones referidas a esos sucesos”. En consecuencia, en la tapa del diario se insertó el texto de la resolución, y la siguiente advertencia: “Como esta disposición nos ha sido notificada en momentos que la edición se encontraba en prensa, El Intransigente debió levantar dichas informaciones, y es por ello que ofrecemos el diario de hoy con los espacios correspondientes a las mismas, en blanco.” Es de este modo que la tapa del diario del 21 de diciembre apareció sin títulos y un buen porcentaje de la misma salió en blanco; de igual forma se presentaban las páginas 2, 3, 5 y 6 de la citada edición. La fachada democrática del gobierno despojaba a la incidencia, por el momento, de todo vestigio dramático

     El 11 de marzo de 1976 acaeció otro episodio que provocaría una enorme conmoción. El Dr. Miguel Ragone fue secuestrado a dos cuadras de su casa, por individuos desconocidos que movilizándose a cara descubierta en tres automóviles obstaculizaron el coche conducido por el ex gobernador, lo redujeron violentamente dentro del mismo y en cuestión de segundos desaparecieron por caminos que desembocan en la ruta hacia los Valles Calchaquíes. Un comerciante conocido de Ragone que había observado desde cuarenta metros los detalles del accionar delictivo fue ejecutado en el acto (Santiago Arredes), en tanto que una cuadra más allá y sobre la misma calle tenía su vivienda el jefe de Policía Gentil, muy bien custodiada por efectivos de la Provincia. Pese a ello y a innumerables testigos y datos valiosos recogidos en las inmediaciones de este escenario, la policía tuvo un comportamiento vergonzoso por su notoria indolencia o connivencia, para ser exactos. Lo concreto es que los vehículos salieron del territorio provincial sin impedimentos. Nuestro diario se ocupó vivamente del episodio en las páginas de las ediciones siguientes, incluso con averiguaciones propias, cómo los datos de incautación en días previos de tres automóviles de características análogas a los utilizados por los raptores en caminos vecinales de los alrededores de la ciudad de Tucumán –identificadas las marcas y patentes-, y un par de ellos abandonados a los dos días del secuestro en la vecina provincia. Esta era una primordial línea de investigación que trece días más tarde fue desechada para siempre. Lo evidente era que el panorama político se había ensombrecido a niveles increíbles. Es así como en la madrugada del 24 estallaba en el país el golpe de Estado de consecuencias más terroríficas de la historia.

     Con la presencia de los militares en el poder, desde los primeros minutos fueron incontables en esta ciudad las detenciones, allanamientos y desaparición de personas. En la tarde de ese 24 fue apresada en la Redacción del diario nuestra periodista Silvia Troyano. Durante varios días se ignoró su paradero, hasta que se supo de su ingreso y alojamiento en la Cárcel de Villa Las Rosas. Luego de un prolongado encierro salió en libertad, sin que se dieran razones del procedimiento, ni sobre los hostigamientos de que fue víctima por un largo tiempo. En otro orden, dos días después del alzamiento militar el coronel médico Mario Antonio Remis a cargo del Ministerio de Bienestar Social, difundió una resolución advirtiendo que ningún empleado podría ingresar a su trabajo con barba o el cabello largo. En la edición posterior de El Intransigente, Luis V. Giacosa incluyó en su habitual  columna “En Rueda de Café” un comentario al respecto, ilustrado con una caricatura del coronel –que a modo de sable llevaba una jeringa en la cintura-, de pie junto al sillón de peluquero, controlando con gesto adusto cómo se acicalaba a los empleados alineados en una larga cola.  A media mañana de la aparición del matutino, arribó un camión del Ejército con suboficiales y soldados provistos de armas largas, quienes al mando de un joven oficial procedieron sin aviso previo a tomar posesión de la Redacción y demás dependencias; horas después se notificó que el diario estaba clausurado, dando a conocer el texto de una disposición, señalando: “El gobierno de la intervención militar comunica a la población que en el día de la fecha ha procedido a la clausura por 24 horas del diario El Intransigente por lo publicado en el artículo “En Rueda de Café” y la caricatura que lo acompaña, página central del mismo, por la falta de seriedad y menoscabo de las imágenes de las autoridades de la intervención militar de esta provincia. Firmado Luis Alberto Mulhall”. Allí resolvimos también nosotros hacer guardia en nuestros lugares de trabajo, hasta la tarde del segundo día, cuando los uniformados se retiraron, sin otra explicación.

     En las semanas posteriores fueron repitiéndose situaciones de tremendo autoritarismo. Eran particularmente numerosos los casos de secuestro; algunas de las víctimas tuvieron la fortuna de regresar a sus casas, otras eran blanqueadas en prisión o no volvía a saberse de ellas. Lo concluyente es que en la etapa siniestra que se había iniciado llegó un instante en que sobre ciertos sucesos nadie podía escribir ni decir nada, lo que no excluía a los principales diarios nacionales que, por las buenas o por las malas, se vieron obligados a guardar silencio. Ya estaban establecidos límites muy bien marcados. Algunos periodistas del diario empezaron a vivir realidades inquietantes, y no era una novedad la censura que se manifestaba de las formas más variadas y sin alternativas posibles.

     Fue en este entorno que alrededor de mediodía del 6 de julio se tuvo conocimiento de manera bastante confusa sobre un episodio muy grave ocurrido esa madrugada en la ruta 34, a la altura del paraje de Palomitas, que había dejado un saldo de once personas muertas, exterminadas con una alevosía inaudita en el interior de dos automotores. Ese día sólo se dejó saber de la existencia del incidente; fue imposible obtener datos sobre la identidad y número de víctimas o las circunstancias que lo rodeaban; la policía y otros organismos se mostraban renuentes a cualquier información. Empero, contábamos con una perspectiva del caso y fotografías de imágenes espeluznantes. De modo que elaboramos la crónica. Cerca del cierre, llegaron dos individuos vestidos informalmente, quienes exigieron ver la nota tras identificarse como capitanes del Ejército, advirtieron luego que se la iban a llevar como así las fotos, indicando que no debíamos publicar sobre el hecho y que al otro día suministrarían la información oficial. Nunca la dieron. Un par de semanas más tarde estuvo de vuelta uno de esos oficiales, para señalar que la esquela participando el deceso de una de las víctimas de aquella masacre, Pablo Eliseo Outes, -el  féretro con cuyos restos habían entregado ese día a uno de sus familiares en el Cementerio de la Santa Cruz-, no podía publicarse.

     En las semanas siguientes se produjeron dos nuevos sucesos, especialmente crueles para El Intransigente. Otro de sus periodistas, Carlos Decker Molina, destacado profesional originario de Bolivia y que desde hacía un par de años estaba encargado en el diario de temas empresarios y de una columna sobre economía, fue secuestrado de su vivienda situada en el Barrio San José de esta ciudad; al cabo de varios días, recluido en sitios impropios, logramos ubicarlo y obtener su liberación. Casi en seguida arribó a Salta una representación del Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que lo trasladó a Suecia junto a su familia, país en el que vive actualmente y donde desarrolló una brillante labor periodística, habiendo fundado el servicio en español de Radio Suecia y ejercido la Jefatura de Redacción de toda la sección de lenguas extranjeras de la emisora,  operando actualmente como enviado especial de la misma en diferentes lugares del mundo. En agosto de 1976 fue también secuestrada nuestra mecanógrafa Nora Montesino, a quien tres sujetos sacaron salvajemente de su casa de calle Orán al 1100, en horas de la madrugada –una escalofriante modalidad de los represores- en medio de  la resistencia y los llantos de su hija de siete años y de su suegra, que se esforzaban por protegerla; la introdujeron en un automóvil y emprendieron rápido escape con destino incierto. Se supo  un año y medio más tarde que estaba cautiva en una cárcel tucumana, conociéndose tiempo después que se le había otorgado la libertad condicional; no regresó al diario.

     Un año más tarde Martínez Saravia, el mayor accionista y acicate del diario, designaría como asesor de Dirección a Lucio Manuel Paz, periodista de distinguida y prolongada  trayectoria en medios locales y de Tucumán; a mi cargo estaba la Jefatura de Redacción, y Néstor Salvador Quintana se desempeñaba como principal comentarista político; se hallaban como secretarios de Redacción Roberto Gareca, Ernesto Nieva, Malaco Trogliero y Heriberto Noriega Nogales; como editorialista Victor Abán, y era responsable de una señalada columna de opinión Luis Victorio Giacosa; como jefe de Deportes se encontraba Ildefonso Fernández, en Cables Rubén Gómez Quezada a quien sucedería Benjamín Toro, y entre los numerosos componentes de una Redacción que colmaba nuestro orgullo, figuraba el medular caricaturista Cervando “Yerba” Lucena. En el Suplemento Dominical, editado sin interrupciones durante esta última etapa con la coordinación de Luis “Luchín” Andolfi, tenían acogida los poetas y escritores más conocidos de Salta, como así artículos de influyentes figuras referidos a los asuntos más diversos, caracterizados por su absoluta pluralidad; se incluyeron trabajos sobre la historia de los partidos políticos de Salta, y de sus dirigentes más conocidos. No dejó de promover manifestaciones culturales de todo tipo, como concursos literarios o una mesa redonda, por ejemplo, con docentes de la carrera de Filosofía de la UNSa e invitados especiales, que debatieron dos fines de semana sobre los temas de actualidad más variados; las principales ponencias y conclusiones fueron analizadas posteriormente en las páginas del suplemento. Igualmente, simultáneo con la realización en nuestra ciudad de una asamblea de ADEPA, El Intransigente organizó un concurso sobre la libertad de prensa que alcanzó particular relevancia. Eran partícipes habituales del Suplemento Dominical: Walter Adet, Manuel Castlla, Jacobo Regen, Hugo Ovalle, Benjamín Toro, Luchín Andolfi, Santiago Sylvester, Nelson Muloni, Fernando Figueroa, Carlos H. Aparicio, Leopoldo Castilla, Sara San Martín, Jorge Díaz Bavio, Raúl Aráoz Anzoátegui y Juan José Coll, entre muchos otros.

     El 28 de diciembre de 1978, cuando un conflicto limítrofe con Chile se había erigido como severa amenaza para la paz en la región, el periodista Rubén Gómez Quezada, de nacionalidad chilena y que desde 1974 se desempeñaba con probada idoneidad en El Intransigente, fue secuestrado de su casa en Villa Mónica de esta capital. Cabe recordar que tres días antes había arribado a Buenos Aires el cardenal Antonio Samoré, enviado por el Papa Juan Pablo II para conciliar en el complicado diferendo con el vecino país. Avanzada la noche, dos individuos ingresaron con violencia en la morada familiar de Rubén, alumbrándose con linternas y dando órdenes secas y confusas; lo sacaron con capucha y las manos atadas a la espalda; lo introdujeron a empujones en la parte posterior de un automóvil Torino color blanco, al que en el canallesco operativo escoltaban otros dos. Durante los próximos trece días hubo silencio y su paradero fue totalmente desconocido, pero pesquisas realizadas por nuestra cuenta posibilitaron la identificación de uno de los automotores intervinientes en el secuestro (Peugeot 404); con ese y otros datos el 10 de enero hicimos la requisitoria del caso a una autoridad militar, que insistió en negar que ellos hubiesen tenido alguna participación o conocimiento del incidente, no obstante, en la madrugada siguiente Rubén fue liberado en suburbios del límite sur de  la ciudad de Jujuy.  Se lo había sometido a un trato despiadado, siendo indagado, siempre con los ojos cubiertos, sobre un presunto espionaje, pero también y de manera pertinaz respecto al nombre de los autores de determinadas crónicas o de algunos títulos de tapa del diario. Por la índole de las  preguntas y la forma de hacerlas parecía en este caso que el interrogador era periodista, esa fue la impresión de Rubén y creía haberlo individualizado. Al igual que con Decker Molina, una representación del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUR) lo acompañó poco días después a Buenos Aires con su esposa Gladys y los tres pequeños hijos del matrimonio, nacidos en Salta. Cumplidos los trámites de rigor, fueron trasladados a Bélgica. Allá residieron hasta que la situación política en Chile hizo posible el regreso a su patria, donde se desempeñó como jefe de Noticias del influyente diario El Mercurio, y como director de la Carrera de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, Antofagasta, en la que actualmente ejerce la docencia.

     Hacia 1980 el gobierno militar entabló contactos con la dirigencia de los partidos políticos, que hasta entonces estuvieron disueltos y con sus bienes incautados desde el golpe de 1976. Empezaban a ser reconocidos nuevamente, a la par que se anunciaba con profusa publicidad el esquema ideado por un par de generales en actividad sobre un presunto sistema de partidos remozados, propuestos en todo caso como movimientos de opinión, encaminados, aclaraban, a la normalización institucional en el marco de una democracia innovadora. A fin de explicar de qué se trataba, un equipo de versados en el tema visitó todas las provincias, en las que mantuvo reuniones con los gobernadores y sus funcionarios. A su vez, éstos convocaron a los partidos locales, pero no para un diálogo -aunque así lo llamaban- sino para que escuchen sus fantásticas teorías. Todos salían disconformes, por supuesto, porque ni siquiera se les permitía deslizar un juicio. Ocurrió, pues, que al anunciarse en El Intransigente sobre la concurrencia de uno de los partidos a la Casa de Gobierno, junto a la crónica respectiva se agregó una caricatura titulada “Diálogo político”, en la que se veía al gobernador Roberto Ulloa en la puerta de su despacho, esperando a sus invitados con un tablero de tatetí bajo el brazo. Esa misma mañana recibimos la llamada telefónica del secretario general de la Gobernación, quien luego de exteriorizar que el capitán Ulloa estaba muy contrariado, trasmitió que el aviso oficial que publicábamos sobre una licitación de la Empresa Salta Forestal y que debía continuar por tres días, quedaba desde ese instante sin efecto. Es decir, una reacción casi infantil, a no ser por el contexto terrible de esos años.

      Así prosiguió la vida del diario, con altos y bajos, en un espacio ensombrecido por un sin fin de problemas imaginables, pero muy firme en la determinación de mantenerse como honrado intérprete de la realidad y de las aspiraciones del pueblo. No era fácil, a la situación que venimos describiendo se agregaban ahora dificultades que entorpecían su normal desenvolvimiento. Los empresarios que lo adquirieron en 1973, obtuvieron a fines de ese año créditos importantes -totalmente manejables en su momento- para la renovación y modernización de los talleres y equipos, en su mayoría de origen importado. Sin embargo, más tarde surgieron inconvenientes financieros como resultado de medidas adoptadas por los diferentes gobiernos de esa época, empezando por el conocido “Rodrigazo” que en 1975 llevó a una fuerte desvalorización de nuestra moneda. Continuaron en esa misma tónica las posteriores conducciones económicas. En octubre de 1977 las tasas de interés alcanzaron un nivel del 137 por ciento anual, en tanto que la inflación en 1978 llegaba al 160 por ciento; un año más tarde los precios minoristas se elevaron el 130 por ciento, y en 1980 se desató la quiebra de 25 entidades financieras. Al mismo tiempo, junto a la constante devaluación de la moneda, se producía un importante crecimiento de la deuda externa, que de casi 8 mil millones de dólares en 1975 pasaría en 1983 a los 45 mil millones. Es decir, se debía afrontar en este aspecto una situación complicada en extremo, provocando penosas dificultades a las empresas con deudas en dólares. Este era el caso de El Intransigente, que aún cuando su ordenada administración le había permitido en principio y durante bastante tiempo un funcionamiento sin grandes tropiezos, las condiciones se tornaron muy difíciles al promediar 1980, hasta que cerca de la finalización de ese año sus directivos consintieron en que su problema de endeudamiento  sea unificado en el Banco Regional del Norte.

     En esta coyuntura debieron cambiarse los directivos de El Intransigente, esta vez vinculados al mencionado Banco. Asumió como director el poeta y periodista Antonio Nella Castro, quien principió por fijar su despacho fuera del edificio del diario, y sorprendió asimismo designando dos nuevos jefes de Redacción, que superpuestos al ya existente acabaron por trastornar todo el manejo periodístico. Se revelaba por esos días una gran preocupación entre los empleados, acosados por una justificada incertidumbre acerca del futuro de la empresa. Ante ello, uno de los nuevos dueños, Tomás Carvallo Quintana -accionista mayoritario del Banco Regional-, convocó al cuerpo de periodistas para informar con abundantes maquetas y gráficos sobre planes de inversión, incorporación de novísimas maquinarias, proyectos de construcción, etc., que según anticipaba iban a poner en ejecución en pocos días. Pero lo deplorable es que al hacerse presente en la reunión, el citado directivo ingresó al salón y subió al estrado acompañado con dos conocidos boxeadores. Es decir, una puesta en escena innecesaria, de una agresividad imperdonable y que definía claramente cuánto de bufonada había en todo ese proyecto.

     A poco de estos sucesos opté por tomar vacaciones. En los últimos días de enero de 1981 se conoció que el Banco Central había resuelto la liquidación del Banco Regional del Norte, el que fue intervenido y acto seguido se hizo lo propio con la administración de El Intransigente.  De manera que nos encontramos una vez más con un director nuevo, ahora era Juan Carlos Romay, quien venía de Buenos Aires, donde regenteaba una modesta revista sobre deportes náuticos.  Allá residían, además, los integrantes del nuevo directorio que encabezaba el abogado Tedín Uriburu. De regreso de las  vacaciones en la primera semana de febrero del 81, me reintegré a la Jefatura de Redacción, a la sazón vacante. Pasaron los meses, continuamos hostigados por trastornos diferentes. Todo fue muy injusto para nosotros. Sufríamos atrasos en los sueldos y un estado de virtual acefalia en la Dirección, pero el diario seguía saliendo bien, porque el personal muy solidario persistía en poner el hombro pensando que lo podía salvar. Una noche de junio el director me indicó que en la tapa de la edición por salir debía informarse a los lectores –en un recuadro- que por problemas del proveedor de papel,  el diario estaba impedido de editarse al otro día. De inmediato el personal nos reunimos en asamblea, en la que decidimos no hacer la impresión del diario que se hallaba listo, porque teníamos el convencimiento de que hubiese sido el último y no estábamos dispuestos a tomar esa carga. Se lo comuniqué a Romay, quien me confesó, mientras caminábamos a buen paso por la contigua plaza Belgrano, que efectivamente el diario no salía más, y que a él también lo engañaron trayéndolo con cuentos de Buenos Aires. En momentos que se hacía la asamblea, el jefe de Prensa del Canal  11 de Televisión, Julio César Rodríguez de la Vega (más conocido como Rovega), voz e imagen de su noticiero, me trasmitió de una nota que había preparado denunciando el cierre del diario y haciendo una emotiva referencia a su comprometida historia de luchas por la libertad. Pero no pudo difundirla, porque se la censuró el director del Canal,  Francisco Uriburu Michel, amigo y familiar del presidente del directorio que sentenció la definitiva desaparición de El Intransigente.

Salta, diciembre de 2008. 

 



· Periodista desde 1966 como redactor y jefe de Sección del diario El Tribuno. Jefe de Redacción del diario El Intransigente desde 1974 a 1981. Secretario de Redacción del diario  Pregón (Jujuy) en su Agencia de Salta. Corresponsal entre 1982 y 1990 de la agencia nacional Diarios y Noticias (DyN). Secretario de Prensa y Publicidad de la Cámara del Tabaco de Salta. Colaborador en distintas publicaciones de opinión, y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa durante los períodos 1972/74 y 1974/76.